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Directiva de servicios/APPCC/manipuladores de alimentos.

Reflexiones para el debate

 

A título personal y sin ánimo de dogmatizar, hago las reflexiones que a continuación me planteo en forma de preguntas y sus posibles respuestas utilizando las referencias legales que he ido citando en este artículo.

  1. 1. ¿Cuándo en el artículo 1 del Reglamento (CE) 852/2004 establece que el operador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad alimentaria quiere decir que es él el que tiene que desarrollar los sistemas APPCC y encargarse personalmente de la formación?


Evidentemente no.

Las bases de la seguridad alimentaria se fundamentan en criterios técnicos y científicos (microbiología y toxicología de los alimentos,  epidemiología de las enfermedades que se pretenden evitar, métodos en higiene y en prevención, salud pública, normativa sanitaria, estadística y metodología científica, bromatología, etc.) más allá de los aspectos culinarios que, por razones obvias, no forman parte del área de conocimientos del empresario.

Éste es también el responsable de cumplir con las normas industriales y de ordenación municipal al dar de alta a la empresa, pero para ello es un requisito el informe de un ingeniero que elabore el proyecto industrial, o el de un arquitecto si su establecimiento es de nueva construcción; es el responsable de las obligaciones tributarias, aunque contrate los servicios de un contable o de un economista; es responsable de la vigilancia de la salud y de la seguridad laboral, pero sólo podrá ejercerla mediante la contratación de un Servicio de Prevención Ajeno acreditado o constituyéndose y acreditándose él o su empresa como tal.

Es decir, el empresario es el responsable de todo lo concerniente a su empresa, pero, cuando para la actividad concreta se requiera la firma de un profesional titulado o esta actividad está regulada por normas, ó dispone de ese profesional en plantilla que la realiza, ó contrata el servicio de un profesional titulado o de una empresa que cumpla con los requisitos que la ley le exija para esa actividad.


  1. 2. En el caso de la formación en seguridad alimentaria y en los sistemas APPCC, ¿la derogación de estas normas que deja en manos de las empresas su autocontrol y su formación es, en cierta medida la ley de selva?

No debería ser así y no creo que lo sea.

Pero, si no utilizamos ninguna referencia legal para garantizar que la formación es la correcta, entraríamos en una discusión sobre quién tiene capacidad o no para impartirla y que certificado de formación es el válido; y en relación con ello me hago las siguientes preguntas:

¿la formación podría ser impartida por el mismo jefe de cocina, o por el propietario del establecimiento, o por su sobrino que es biólogo o auxiliar de laboratorio? ¿Por una empresa especializada? ¿y qué es una empresa especializada y quién decide que lo es o no? ¿lo es una academia de informática? ¿y cuatro empresarios constituidos en asociación? ¿qué herramientas tienen los inspectores si no tienen una referencia normativa mínima sobre contenidos, duración, condiciones de impartición y cualificación exigida al profesorado?

Supongamos que una empresa dispone de un teórico plan de formación y está certificado por el propio empresario aunque no esté “especializado” o, incluso por alguien “especializado”, y el inspector percibe en su calidad de técnico y como profesional, que no es el plan de formación que necesita, ¿puede éste proponer una sanción administrativa en base a su criterio subjetivo sobre los contenidos y la calidad del plan si no hay una comisión de infracción ya que no hay una norma que defina tal infracción?

Y si el inspector no puede valorar quién imparte la formación y la calidad de la misma, ¿Qué inspecciona respecto a este punto? ¿qué el manipulador lleva las manos limpias y el gorro puesto?. ¿no se dejaría vacía de contenidos la exigencia de un plan de formación?


  1. En esta situación ¿realmente quién puede impartir la formación en manipulación de alimentos, en evaluación, en gestión y comunicación de riesgos, en otras áreas de protección de la salud y en prevención de la enfermedad? y ¿quién desarrolla los sistemas APPCC?

Con posterioridad a la publicación del Real Decreto 202/2000, ¿se han promulgado directivas y reglamentos europeos que se hayan traspuesto al ordenamiento jurídico español, leyes que afecten directamente a la prestación de estas actividades? Si la respuesta es sí, ¿qué leyes y normativas? ¿a quiénes afecta?, ¿quién lo vigila?.

¿Qué es lo que se vigila?: ¿qué las empresas alimentarias dispongan de los planes de formación? ¿los contenidos de los programas? ¿los resultados en las habilidades y los conocimientos de los alumnos?, ¿la calidad o las acreditaciones de la empresa o profesional que la imparte o desarrolla el sistema APPCC?


La pregunta clave y que es llave de todas las preguntas y respuestas formuladas en el párrafo anterior es:

  1. 4. ¿la formación en esta materia y el desarrollo de los sistemas APPCC es una competencia y una actividad reservada a una profesión regulada?

Si la respuesta fuera NO, nos podríamos encontrar con que mañana, el propio empresario o su jefe de camareros podrían firmar el certificado de formación y la administración, con la derogación sin recambio del RD 202/2000, no tendría argumentos legales para rechazar tal certificado.

Sin embargo, la normativa europea y las sociedades científicas dicen que SI. La Directiva de Servicios pretende la simplificación administrativa pero también la mejora en la calidad de los servicios, no la ley de la selva y la inseguridad.

Los argumentos que justifican esta rotunda afirmación son:

-       A partir del Tratado de Lisboa, uno de los aspectos más cuidados en la construcción de Europa es el espacio de formación y la búsqueda de uniformidad en las titulaciones profesionales y en su ejercicio. El eje de esta estrategia es lo que se conoce como Espacio Europeo de Educación (EEE). Las universidades europeas, en el entorno del acuerdo de BOLONIA suscrito para crear un denominador común a las profesiones tituladas, impulsaron una serie de trabajos para buscar esa confluencia. En España, bajo el auspicio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, las universidades han desarrollado los perfiles y las competencias de las titulaciones españolas en los denominados Libros Blancos que pretendían adaptar las titulaciones y competencias españolas a las establecidas en el  referido EEE.

-       En el ámbito de la salud pública, un grupo de trabajo creado por SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), definió las funciones y las competencias específicas de salud pública desde la óptica de la experiencia y la historia de nuestro país. Este grupo, liderado por F. García Benavides, Carmela Moya y Andreu Segura, identificó 78 competencias en salud pública, entre las que están:

  1. diseñar programas de educación sanitaria,
  2. diseñar programas de protección frente a riesgos ambientales,
  3. diseñar programas de higiene y seguridad alimentaria,
  4. realizar inspecciones y auditorías sanitarias,
  5. conocer la legislación vigente sobre riesgos para la salud.


-       Con la información obtenida de los libros blancos y aportadas por las sociedades científicas. y a los efectos de continuar con la construcción del EEE, se dicta la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE).

-       En España, además de esta norma europea sobre el desarrollo de las profesiones sanitarias, habría que reseñar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, actualmente en vigor y complementaria de la anterior Directiva.

-       En materia de salud pública merece la pena citar el artículo de Mari Carmen Davo y otros, “¿Quiénes y que pueden hacer en salud pública? Las competencias profesionales como base para la elaboración de programas en el Espacio Europeo de Educación Superior.” (Gac Sanit 2009:23(1):5-12). En este artículo se revisan los libros blancos de las consideradas profesiones sanitarias en la Ley 44 y se correlaciona lo establecido en estos con las competencias descritas por el grupo de competencias profesionales de SESPAS a los efectos de la construcción del EEE y, según estos trabajos y normas de ámbito nacional y europeo


  1. 5. ¿cuáles son las profesiones sanitarias con competencias en salud pública?

La Ley 44/2003, de las profesiones sanitarias, establece como profesiones sanitarias tituladas a Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria. La Ley, en su artículo 6 punto 3., también permite que otras profesiones adquieran la condición de profesiones sanitarias:

3. Son, también, profesionales sanitarios de nivel Licenciado quienes se encuentren en posesión de un título oficial de especialista en Ciencias de la Salud establecido, conforme a lo previsto en el artículo 19.1 de esta Ley, para psicólogos, químicos, biólogos, bioquímicos u otros licenciados universitarios no incluidos en el número anterior.

Esto encaja con la Directiva 2005/36/CE, pues los currículos académicos de estas otras profesiones no incluyen las materias consideradas sanitarias en el EEE y, por tanto, sólo serían profesionales sanitarios si acceden a títulos oficiales de especialistas, a partir de sus licenciaturas.

En el referido trabajo de MC Davo y col., las competencias para el diseño de programas preventivos en general, el diseño de programas de higiene y seguridad alimentaria, la realización de auditorías sanitarias y la formación en estas materias, se establecen como competencias específicas y exclusivas por currículo de Medicina y de Veterinaria, y, parcialmente para Farmacia y Nutrición humana.

La realización de estas actividades por otros profesionales o por no profesionales sería un intrusismo que podría ser, incluso, en algún caso, tipificado como delito.


  1. 6. ¿Afecta la Directiva de Servicios al ejercicio de las profesiones reguladas?

La Directiva 2006/123/CE, y por tanto, la Ley 17/2009,  es coherente y refuerza la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, a la que no afecta. Añade cuestiones distintas a las relativas a las cualificaciones profesionales para simplificar su ejercicio pero ofreciendo garantías en la prestación, como por ejemplo, incluir la obligatoriedad del seguro de responsabilidad profesional, liberalizando en cierta medida las comunicaciones comerciales y, facilitando la prestación de servicios de carácter multidisciplinar.

Además, para el ejercicio de las competencias y de las actividades reservadas a una profesión regulada hay que estar en posesión del título universitario y estar colegiado en el colegio profesional correspondiente cuando se cumplan las condiciones establecidas para ello en los estatutos colegiales respectivos, como es el caso que nos afecta, al prestar servicios ante terceros, sea de forma individual o societaria. Algunos aspectos de la ley de colegios profesionales quedaron modificados por la Ley 25/2009, pero que no afectan a las condiciones de la colegiación. En particular se hace referencia a la prohibición de hacer recomendaciones sobre honorarios, y sobre la relación con los usuarios de servicios profesionales.

En lo que respecta al ejercicio de forma societaria, la Ley 25/2009, modifica la redacción de algunos artículos de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de las sociedades profesionales, en lo referente a la estructura y a la participación de los socios y a las posibilidades de multiprofesionalidad. En cualquier caso, sigue vigente al completo el resto de esta Ley de las sociedades profesionales que, en cierta medida se ve reforzada en sus objetivos y capacidad con la Directiva de Servicios, reduciéndose la distancia entre el ejercicio como colegiado individual o como sociedad, al obligar a todos a informar con claridad y veracidad a los usuarios receptores del servicio, y en la necesidad de disponer de un seguro de responsabilidad civil, como establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 17/2009.

Otro aspecto relevante que aporta la Directiva de servicios es el papel de la Administración respecto a la prestación de servicios, a la que conmina directamente a impulsar la calidad de los servicios y a vigilar que la prestación de los servicios se hace de forma adecuada y cumpliendo lo establecido en esta Directiva.

En relación con el ejercicio de la profesión de forma societaria en lo que respecta a la formación de los manipuladores de alimentos y en el desarrollo de los sistemas APPCC y su formación, me parece oportuno resaltar lo siguiente de la misma:

La Ley de Sociedades Profesionales se constituye en una norma de garantías: garantía de seguridad jurídica para las sociedades profesionales, a las que se facilita un régimen peculiar hasta ahora inexistente, y garantía para los clientes o usuarios de los servicios profesionales prestados de forma colectiva, que ven ampliada la esfera de sujetos responsables, ya que la sociedad creada se constituye en el centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.


Cabría preguntarse según esto:


  1. 7. ¿Puede una empresa/asociación/academia no constituida como sociedad profesional ser la titular de la prestación de servicios reservados a las profesiones tituladas?

Obviamente no.

Se crea una indefensión jurídica si una empresa constituida en cualquiera de las formas societarias que la ley permite (SL, SLU, SA, SCP,SCC, etc.), presta un servicio que le corresponde a una profesión regulada y no está constituida como sociedad profesional. Precisamente eso es lo que pretende evitar la Ley de sociedades profesionales: que la responsabilidad del servicio, aunque sea realizada por un profesional bajo el paraguas de una empresa, no se diluya en un contrato o en una relación establecida con una empresa que no responde jurídicamente ante códigos éticos y deontológicos (esto en el ámbito de la salud pública es muy frecuente). Por poner un ejemplo: una empresa de aplicación de tratamientos DDD, que puede ser montada por cualquier persona que tenga en posesión un carné que obtiene en un cursillo que dura una o dos semanas sin necesidad de formación previa, como ve que sus clientes le piden el APPCC, se lo ofrece. Para ello, si es un poco serio, igual le pide a un profesional que se lo haga, aunque el responsable del contrato con el cliente sea la empresa DDD y no el profesional, pero si es un empresario sin escrúpulos, le entrega un documento que ha copiado de otro establecimiento o se ha descargado de internet sin más modificaciones que cambiar el nombre. Desgraciadamente esto pasa con mucha frecuencia.

Para prestar este servicio, la empresa o asociación en cuestión debería ser una sociedad profesional o, en su caso,  una sociedad de medios (aquella en la que unos profesionales comparten costes, pero en la que el sujeto de cada relación jurídica es directamente el profesional) o de intermediación (sólo canalizan la comunicación entre el profesional y el cliente).

Con respecto a la formación y la emisión de un certificado, a tenor de lo establecido en esta Ley, si no se trata de un profesional titulado directamente o de una sociedad profesional, ninguna empresa, asociación profesional o academia puede ser la titular de la emisión del certificado, en todo caso debe figurar como entidad organizadora, pero el responsable de la emisión del mismo tiene que ser obligatoriamente, o un colegiado, o una sociedad profesional.

Por supuesto que en la elaboración de un sistema APPCC, un plan de muestreo, la investigación de un brote, etc., desarrollado por un empresa, la relación contractual que se establece con el cliente, además de cumplir con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 17/2009 respecto al seguro de responsabilidad civil y a la información a suministrar obligatoriamente, si el profesional que lo desarrolla no es el titular de la relación jurídica establecida entre ambos, tendrá que ser obligatoriamente una sociedad profesional.

Este tema tiene mucho calado, pues durante más de un año los respectivos colegios profesionales informaron a todos los colegiados y celebraron reuniones sobre las características de esta Ley, de sus plazos, y de las consecuencias de que aquellos a los que afectaba no se constituyeran como tal en los plazos establecidos en la propia ley:  “no será posible su constitución y su incumplimiento sobrevenido supondrá causa de disolución.

Es decir, si una empresa estaba constituida, por ejemplo, como sociedad limitada, y desarrollaba servicios para los cuales se exhibe un título profesional y se firma como tal (como sucede cuando se firma un sistema APPCC o un certificado de formación), antes de que se cerrara el plazo establecido en esta Ley, ya no podrá constituirse como sociedad limitada profesional en el futuro, y si alguien lo denuncia, la sociedad tendría que ser disuelta y dada de baja del Registro Mercantil como tal sociedad.


  1. 8. ¿requiere un profesional o una sociedad que constituye un establecimiento de prestación de servicios sanitarios, solicitar algún tipo de acreditación administrativa?

La directiva de servicios simplifica el procedimiento de autorización, siendo sólo necesario una declaración responsable de que se cumplen las normas y los requisitos, pero


  1. 9. ¿Qué normas o requisitos debe cumplir una empresa a cuyo frente se encuentre un profesional sanitario y realice actividades de sanitarias?

Este es otro de los puntos con los que el RD 202/2000 y su desarrollo entraban en cierta contradicción al acreditar entidades que realizaban actividades sanitarias y a cuyo frente debía estar un profesional sanitario.

Con la promulgación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se estableció la necesidad de que los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tuvieran un referente normativo para su acreditación y registro. En orden a desarrollar este aspecto de la Ley, se promulgó el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. En este se define un centro sanitario como elconjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta asistencial.” Y actividad sanitaria como el “conjunto de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas realizadas por profesionales sanitarios.”

Con estas definiciones y con la definición de quienes son profesionales sanitarios establecidas la Ley 44/2003 y la Directiva 2005/36/CE, parece evidente que las actividades de salud pública orientadas a la promoción y la prevención, realizadas por profesionales sanitarios son actividades sanitarias a las que les afecta el citado RD 1277/2003.

En Canarias, además, ya contábamos con un decreto que quedó ampliamente refrendado y reforzado con el RD 1277/2003, y es el Decreto 225/1997, de 18 de septiembre, por el que se regulan las autorizaciones de instalación y funcionamiento de centros, servicios, establecimientos y actividades sanitaria. De igual manera establece la obligación de registrarse y autorizarse a los centros que realicen actividades sanitarias y en las que, por este motivo, a su frente tiene que estar un profesional sanitario.


10. ¿Se tiene que vigilar el cumplimiento de la Ley? Y, en ese caso ¿Qué hay que vigilar y quién tiene que hacerlo?

Con independencia de la vigilancia del cumplimiento de las normas específicas del sector alimentario como son los Reglamentos (CE) 852/2004, 854/2004, 882/2004 o el 2073/2005, entre otros, los inspectores tienen que tener las referencias de las leyes básicas específicas en el ejercicio de su trabajo como son:, la Ley General de sanidad, la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, la Ley Orgánica de medidas urgentes en materia de salud pública, y leyes de carácter general que van desde la Constitución española a la La ley de procedimiento administrativo común, pasando por el Código Civil o ley de los consumidores y usuarios u otras normas que definen derechos y deberes básicos, y ahora también hay que tener en cuenta, por su carácter general y básico, a la Ley 17/2009, entre otras.

Si hablamos de la prestación de servicios de tipo sanitario, con independencia del papel de los colegios profesionales en temas de denuncias o problemas deontológicos, sólo la Autoridad Sanitaria puede vigilar la prestación de los mismos. Si no lo hace la Autoridad Sanitaria no lo va a hacer nadie.

Por otro lado, si la Autoridad Sanitaria antes tenía que vigilar que las empresas y los profesionales cumplían con los requisitos previos establecidos en la normativa antes de la derogación del RD 202/2000, lo lógico será que continúe vigilando el cumplimiento de los requisitos en este nuevo modelo. La derogación de este RD obedeció a que con posterioridad a su promulgación se han ido dictando Directivas, Reglamentos y Leyes, que lo fueron dejando obsoleto y en contraposición con éstas, pero su derogación no deja la nada, ni nada que vigilar y controlar. La diferencia es que antes se vigilaba el cumplimiento de una norma de ámbito local y, en cierta medida son una visión paternalista de la Administración, y ahora hay que vigilar el cumplimiento de los requisitos de las normas de carácter general y europeas, pero desde la base de la confianza en los prestadores de servicios, y si antes se controlaba la autorización previa, ahora hay que vigilar e inspeccionar con posterioridad que lo que el prestador de servicios ha declarado responsablemente, realmente lo cumple y el cumplimiento, además de lo establecido en la Ley 17/2009.

Esto, por un lado, puede facilitar el trabajo de la administración pero, por otro lado, puede añadirle complejidad. Facilitar, pues si se considera que el trabajo de formación en higiene y seguridad alimentaria y el diseño y desarrollo de los sistemas APPCC y su implantación es un trabajo profesional, sólo tendrá que asegurarse que estos son realizados por profesionales titulados colegiados o por empresas constituidas como sociedades profesionales y que estas cumplen con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 17/2009 en lo que respecta a la información contractual entre el profesional y su cliente y en lo que respecta al seguro de responsabilidad civil. La responsabilidad de la aparición de un brote alimentario o de un problema de índole sanitaria será compartida entre el empresario y el profesional responsable del sistema APPCC, al igual que sucede en prevención de riesgos laborales: si hay un accidente porque el empresario no hace lo que el profesional estableció en su plan de prevención, será responsabilidad del empresario, pero, si el accidente se debió a un riesgo no contemplado por el técnico por falta de pericia profesional, será de éste.

Esto es así, entre otras razones porque el profesional sanitario, al amparo de lo que establece la Ley 44/2003, de las profesiones sanitarias, tiene plena autonomía técnica y científica, y, por tanto, jurídicamente, otro profesional, aunque tenga una responsabilidad como Autoridad Sanitaria, sólo podrá exigir lo que esté establecido por una norma legal, podrá, en todo caso emitir su opinión y emitir valoraciones y recomendaciones en calidad de profesional, pero no puede exigir cosas que entrarían en el terreno de lo técnico pues ambos están en igualdad de condiciones profesionales y legales.

Puede que sea más complejo y difícil de articular, por falta de tradición en este sector,  el mandato de la Ley 17/2009 de impulsar la acreditación de las empresas prestadoras de servicios y fomentar el debate sobre los códigos, protocolos y guías, como así lo indica el artículo 20 de la Ley 17/2009, ya que  requiere mucho consenso profesional y la publicación y diseminación de estos códigos.

Este nuevo modelo de control se hace aún más necesario, al pasar de un modelo de autorización previa a un modelo de supervisión posterior, ya que una empresa prestará sus servicios con una declaración responsable y los responsables de comprobar que la empresa cumple lo que ha declarado es la administración.



RESUMEN Y CONCLUSIONES.

Con la promulgación de la Ley 17/2009, se produce un cambio en la visión de la administración de gran relevancia que pretende simplificar los procedimientos administrativos en lo que respecta a los obstáculos para la implantación de empresas de servicios, pero que no debe hacerse impulsando la seguridad jurídica de los receptores de los servicios y la calidad de los prestadores.  La visión ahora es la construcción de Europa y, sin renunciar a los objetivos de calidad, si renunciar a la visión local y particular, en beneficio de una visión general.

La administración debe jugar un papel de fomento de la ley y vertebrarla adecuadamente para facilitar su ejecución y garantizar que se consiguen sus objetivos.

En materia de seguridad alimentaria, se pasa de una visión muy encorsetada en la norma puntual, a una visión científica y profesional, basada en la responsabilidad de las empresas y la prestación de servicios profesionales.

Es imprescindible el debate sosegado entre todos los interlocutores. Los colegios profesionales, las asociaciones profesionales, las cámaras de comercio y los usuarios tienen reservado un papel por ley en este debate sobre la calidad de los servicios.


CONFLICTO DE INTERESES.

José Luis Arocha es Administrador y Asesor de la empresa GYD, dedicada a la asesoría sanitaria.

REFERENCIAS:

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): Programa de Convergencia Europea: Libros blancos. Madrid. 2007.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): El Espacio Europeo de Educación Superior. Programa de Convergencia Europea: El crédito Europeo. Madrid. 2003.

Benavides FG, Moya C, Segura A, et al. Grupo de Trabajo sobre Competencias Profesionales en Salud Pública. Las competencias profesionales en salud pública. Gac Sanit. 2006;20:239–43

Davo MC y otros, “¿Quiénes y que pueden hacer en salud pública? Las competencias profesionales como base para la elaboración de programas en el Espacio Europeo de Educación Superior.” (Gac Sanit 2009:23(1):5-12).

Decreto 225/1997, de 18 de septiembre, por el que se regulan las autorizaciones de instalación y funcionamiento de centros, servicios, establecimientos y actividades sanitaria.

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (Texto pertinente a efectos del EEE)

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de las sociedades profesionales;

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios;

Real Decreto 135/2010, por el que se derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los alimentos,

Reglamento 852 (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la higiene de los alimentos

Reglamento (CE) n.º 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.

Segura A, Larizgoitia I, Benavides FG. La profesión de salud pública y el debate de las competencias profesionales. Gac Sanit. 2003; 17:23–34.

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