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El Ministerio de Sanidad prepara un nuevo Real Decreto para la prevención de la legionelosis.

GYD realiza aportaciones para la nueva redacción en 8 puntos clave.

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1. Cambiar el modelo organizativo.

Sin modificar la responsabilidad de los titulares de las instalaciones se debe partir de la base de que tanto el desarrollo del plan de prevención, que requiere del análisis de riesgos, como la aplicación de biocidas requiere de empresas especializadas que han de contar con acreditación por parte de la administración.

Las empresas de biocidas ya cuentan con un modelo de acreditación y tienen definidas las competencias de los profesionales que pueden realizar las actividades, pero será necesario determinar los requisitos que deben cumplir las empresas sanitarias que realicen el análisis de riesgos y las que puedan ser auditoras. Tanto con respecto a requisitos de competencias de los profesionales como de solvencia técnica de las empresas.

Se tendrá que definir si se incluyen en el registro de empresas sanitarias en aplicación del RD 1277/2003, o se establecen unos requisitos de solvencia técnica que el propio RD defina, cumpliendo en cualquier caso con la Ley 33/2010, General de Salud Pública.

El RD debería reflejar la necesidad de establecer esa relación y compromiso entre los titulares y las empresas externas mediante un contrato en los términos que establece, entre otras normas, la Ley 17/2009, en aplicación de la Directiva de Servicios.

Una alternativa razonable para permitir que las empresas que cuenten con recursos propios para diseñar y elaborar los programas, los puedan hacer, es exigirles a éstas la auditoría externa cada año o cada dos años como medida obligatoria. Este aspecto (la realización de la auditoría externa) puede soslayarse en las empresas que ya tiene un contrato para el desarrollo del plan con una empresa acreditada en los términos de acreditación a los que me he referido.

2. El análisis de riesgos como metodología.

El RD ha de hacer referencia expresa al análisis de riesgo como metodología de trabajo y especificarlo con un mínimo de detalle, además de los aspectos más técnicos o derivar hacia el cumplimiento de los aspectos técnicos hacia la UNE 100030, francamente bien desarrollados en esta.

3. La formación continua.

Incluir, además de la formación y la cualificación de los operarios, la formación continua en relación con el análisis de riesgo específico de las instalaciones y para la implantación del programa de gestión de riesgos.

4. No hablar de mayor o menor riesgo

Propongo no pronunciarse sobre mayor o menor riesgo, sino a la obligatoriedad del análisis de riesgos.

5. Incluir a las viviendas de algún modo en al ámbito de aplicación del decreto, sobre todo en aquellas en las que hay una comunidad común pues suelen contar con depósitos comunes. En este caso, si se quiere establecer un menor nivel de exigencia de controles o de muestreo, pero no eludir estos controles. Y si no incluyen, establecer una estrategia informativa de recomendación.

6. Propongo valorar la creación de un registro de establecimientos de carácter público que cuenten con instalaciones de riesgos (se hizo para piscinas), o, en cualquier caso, cada comunidad autónoma debería tener definido un denominador de establecimientos a los que inspeccionar. Esto tiene sentido para establecer algún indicador de cobertura de control de establecimiento, y otros indicadores de procesos que pudieran ser comunes en el territorio nacional. Por ejemplo, instalaciones con ACS y circuito de retorno existentes/instalaciones inspeccionadas; o, establecimientos que cuentan con programa desarrollado por un profesional acreditado; o establecimientos en los que se detectan no conformidades o incidencias frente al total, o profesionales y operarios que cuentan con la formación pertinente. Aspecto este último que agota a las empresas que imparten los cursos de legionela y a las que se les vienen exigiendo una rigurosidad exagerada y estas proponen cursos que se anulan porque no van los alumnos a los mismos y no es controlado por la administración.

7. Mejorar los sistemas de información.

Se debe hacer un esfuerzo para que la información de las comunidades autónomas con respecto a las actividades de inspección, la detección de casos y otras variables relacionadas con los casos se pueda uniformar y comparar más allá de una simple tasa.

Incluir instalaciones implicadas y posibles causas. Relacionar la presencia de casos con la existencia de programas aplicados, realización de tratamientos de LYD previos o no, inspecciones, etc.

8. Coordinación entre servicios.

Se ha fomentar e impulsar normativamente la relación entre los servicios de salud ambiental y los de epidemiologia para la rápida detección de casos y el análisis de casos asociados y de las neumonías en general. Esto no debería ser muy difícil pues tanto la neumonía por legionelosis como la enfermedad neumocócica son enfermedades de declaración obligatoria y el control de estos datos es una exigencia de los servicios de salud pública hacia los servicios asistenciales. Esto permitiría establecer indicadores ahora solo recogidos en estudios de investigación como podría ser número de neumonías que cuentan con pruebas de investigación etiológica frente al total de neumonías y el detalle de los diagnósticos. Esperar varios años hasta ver indicadores generales de mortalidad no ayudan.

 

Puedes leer el informe completo aquí